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Nicolás Maduro ha decidido cerrar la ventana que buscó abrirle el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en reiteradas oportunidades le ha planteado la convivencia de reinsertar a Venezuela en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.
El planteamiento de Petro significa, en el fondo, regresar al Estado de Derecho, acoger las normas vigentes del Sistema Interamericano que constituyen leyes vinculantes para nuestro ordenamiento jurídico, a tenor de los establecido en el artículo 23 de la Constitución.
“Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
Significa además el acatamiento de las declaraciones y decisiones de los órganos que conforman el mismo, es decir, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los derechos humanos, ambos organismos adscritos a la Organización de Estados Americanos.
Todo lo cual significa que Venezuela debe reinsertarse en la organización continental.
Sin embargo, Nicolás Maduro ha declarado este lunes 16 de mayo de 2023 que “Nos fuimos para siempre y no pensamos volver a la OEA” (https://www.semana.com/amp/mundo/articulo/nos-fuimos-para-siempre-maduro-afirma-que-venezuela-no-volvera-a-la-oea/202311/)
Maduro piensa que estará para siempre en Miraflores. Primer, y más grave error, declarar su disposición a eternizarse en el poder. Pero además está negando de forma clara y contundente que no acepta la recomendación del presidente colombiano. Vale decir que seguirá desconociendo el artículo 23 de nuestra Constitución al no acatar el Tratado de San José, que contiene la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Al persistir en su obsesiva conducta de violación a la letra y espíritu de la Constitución avanza en una ruta hacia el abismo legal, ético y político. Petro pensó que lograría una rectificación del ocupante de Miraflores, que dada su cercanía en el mundo de la izquierda “borbónica” como la definiera en su momento el extinto líder socialista Teodoro Petkoff, oiría su consejo de transitar su camino apegado a los mandatos de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Esta negativa tendrá efectos en las relaciones bilaterales en el mediano plazo. En la medida que Maduro se hunda más en el fango del autoritarismo, Petro se distanciará de su gestión y de su figura. No será el primer líder de la izquierda latinoamericana en hacerlo. Ya han sido categóricas las posturas de figuras como Pepe Mujica, el expresidente uruguayo; o las del presidente de Chile, Gabriel Boric, y las del mismo presidente brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva.
En declaraciones a Radio Universal de Montevideo, el presidente Pepe Mujica: expresó: “Es una dictadura, sí. En la situación en que está, no hay otra cosa que dictadura”.
Maduro va en una dirección a más y mayor cierre de los espacios democráticos, que llevará al gobierno de Colombia a un deslinde en algún momento de esa ruta.
En punto de inflexión lo será, sin lugar a dudas, la conducta del régimen “revolucionario y bolivariano” con ocasión de la obligación de celebrar elecciones, para nuevo gobierno a finales del próximo año 2024.
Maduro y su camarilla están tentados a evadir ese compromiso y adelantar una serie de eventos arbitrarios, para impulsar un proceso viciado que le permita perpetuarse en el poder. Ya a estas alturas se han producido una serie de eventos, actitudes, omisiones y comportamientos que evidencian la pérfida conducta de la cúpula roja.
No podemos olvidar el aborto provocado a la solicitud de tramitación del Referéndum Revocatorio presidencial en enero del 2022. Tampoco podemos restar importancia al cierre de facto del Registrado Electoral Permanente para impedir a los ciudadanos su inscripción y actualización como electores. Ahora mismo maniobran para no cumplir el mandato constitucional de cooperar con las organizaciones políticas en la celebración de sus procesos electorales. Hemos observado la forma cómo violan ese mandato constitucional pretendiendo imponer sus interesados criterios, cuando la letra de la norma les obliga a “colaborar”.
En fin, el camino que ahora transitamos está en una dirección contraria al planteamiento del presidente colombiano. Ojalá mi lectura actual cambie y sea yo el equivocado. Pero mi percepción es la de que transitamos en una dirección hacia más y mayor arbitrariedad, hacia más y mayor abuso del poder. De ahí la necesidad y la urgencia de la unión de los venezolanos para frenar el camino al abismo autoritario y para rescatar la plena vigencia de los derechos humanos.
César Pérez Vivas es precandidato Presidencial en Venezuela; abogado; Prof. Universitario, Parlamentario 1988-2005; Gobernador del Táchira 2008-2012; Demócrata Cristiano. Si quieres conocer más sobre el autor pincha aquí.
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